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Nuevo Plan de Contratación Pública Ecológica 2026-2033: principales novedades

El 16 de septiembre de 2026 se hizo público oficialmente, para su fase de audiencia, el borrador del nuevo Plan de Contratación Pública Ecológica 2026-2033, que pretende reforzar de forma progresiva la incorporación de criterios ambientales en la contratación pública estatal. Parte de una idea clara: la contratación pública, por su peso económico, puede actuar como una herramienta para orientar el mercado hacia productos, servicios y obras más sostenibles. El propio documento recuerda que representa aproximadamente el 11,5 % del PIB y cerca del 25 % del gasto público.

El Plan se aplicará a la Administración General del Estado, los organismos públicos estatales y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Como novedad, amplía su ámbito respecto del Plan anterior, incorporando también entidades públicas empresariales y agencias estatales. Otras entidades del sector público estatal podrán adherirse voluntariamente.

Un objetivo claro: valorar criterios ambientales en todas las licitaciones

Uno de los aspectos más relevantes es que el Plan fija como objetivo que, al finalizar su vigencia, en el 100 % de los procedimientos de contratación incluidos en su ámbito, se valore la posibilidad de incorporar, al menos, una consideración medioambiental.

Esto no significa que todas las licitaciones deban incorporar obligatoriamente el mismo criterio ambiental. El Plan apuesta por una aplicación proporcionada y adaptada al objeto y características de cada contrato. No obstante, cuando finalmente no se incorpore ninguna consideración ambiental, deberá dejarse constancia en el expediente de los motivos.

Además, en aquellos contratos en los que el consumo de energía sea relevante, deberá analizarse específicamente la incorporación de consideraciones relacionadas con la eficiencia energética.

Cuatro grandes objetivos estratégicos

El Plan se articula alrededor de cuatro grandes objetivos:

  • Impulsar la incorporación de criterios ambientalesen la contratación pública.
  • Contribuir a la descarbonización y a la resiliencia climática.
  • Favorecer la economía circular.
  • Orientar los mercados hacia soluciones sostenibles.

Para alcanzarlos, se plantean 6 líneas de actuación y 22 medidas, que abarcan desde la formación de los órganos de contratación hasta el desarrollo de nuevas herramientas digitales y metodologías de evaluación ambiental.

Más herramientas para preparar los pliegos

Una de las principales prioridades será facilitar a los órganos de contratación herramientas que permitan aplicar estos criterios de forma sencilla y jurídicamente segura.

Entre otras medidas, se prevé transformar el Catálogo de Prescripciones Técnicas Ecológicasen una herramienta digital e interactiva, desarrollar orientaciones específicas para cada tipo de contrato, modelos de cláusulas, notas técnico-jurídicas y mecanismos de apoyo y consulta.

También se potenciará el uso de etiquetas ambientales, etiquetado energético, criterios DNSH (Do No Significant Harm o «no causar un perjuicio significativo»), coste del ciclo de vida, huella de carbono y otros medios de acreditación y verificación ambiental.

Especial relevancia tendrá asimismo la contratación centralizada. Antes de preparar nuevos acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición u otros instrumentos centralizados, se prevé realizar una revisión ambiental para valorar la incorporación o refuerzo de prescripciones técnicas, criterios de solvencia, criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución.

Huella de carbono y descarbonización

Otro de los ejes del Plan será la utilización progresiva de la huella de carbono de productos y servicios.

Se plantea impulsar su utilización como criterio de adjudicación o condición especial de ejecución en aquellos procedimientos en los que sea viable, e incluso estudiar la creación de un registro o repositorio estatal de huella de carbono de productocon valores verificados y normalizados.

Por tanto, es previsible que durante los próximos años aumente la presencia en los pliegos de requisitos relacionados con la reducción de emisiones, eficiencia energética y acreditación de la huella ambiental de los productos ofertados.

La adaptación al cambio climático entra en la contratación pública

El Plan introduce también de forma más sistemática la resiliencia climática.

Se identificarán categorías de contratos especialmente expuestas a riesgos como inundaciones, sequías, olas de calor o incendios y se desarrollará un denominado “test climático”para facilitar la incorporación de criterios de adaptación en determinados contratos de obras, concesiones y servicios de redacción de proyectos.

La finalidad es que las inversiones públicas no solo reduzcan su impacto ambiental, sino que también sean capaces de mantener su funcionalidad frente a los efectos del cambio climático.

Inteligencia artificial para controlar la contratación ecológica

El Plan incorpora además una vertiente claramente tecnológica.

Se prevé utilizar herramientas de inteligencia artificial y sistemas automatizados de análisispara examinar los procedimientos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público e identificar hasta qué punto se están incorporando criterios medioambientales.

Esto permitirá realizar un seguimiento más sistemático de la implantación de la contratación pública ecológica y reducir las cargas administrativas asociadas a la obtención de información.

¿Qué supone para las empresas licitadoras?

Desde la perspectiva de las empresas, el Plan anticipa una evolución progresiva de los pliegos hacia una mayor presencia de exigencias relacionadas con:

huella de carbono, eficiencia energética, etiquetado ambiental, coste del ciclo de vida, contenido reciclado, durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad, economía circular y reducción de emisiones.

Sin embargo, estas exigencias no pueden incorporarse de cualquier manera. El propio Plan insiste en que los criterios ambientales deben estar vinculados al objeto del contrato, ser proporcionados, verificables y respetar los principios de igualdad, concurrencia y no discriminación.

Para las empresas, todo ello refuerza una idea que será cada vez más importante: la contratación pública debe abordarse de forma estratégica. Ya no bastará con reaccionar ante cada pliego, sino que será necesario anticiparse a la evolución de los criterios ambientales, regulatorios y técnicos que van a condicionar las futuras licitaciones. Las empresas deberán adaptar y evolucionar sus productos y servicios, mejorar sus sistemas de acreditación y trazabilidad y analizar hacia dónde se dirige la demanda pública. Aquellas compañías capaces de anticiparse a estas exigencias podrán diferenciar su oferta y situarse en una posición de ventaja competitiva frente a sus competidores, especialmente en mercados en los que los criterios ambientales adquieran un peso creciente.

Desde Acobur seguiremos especialmente la aplicación práctica de estas medidas y su progresiva incorporación a los pliegos, así como la doctrina que determine los límites de este tipo de exigencias desde el punto de vista de la proporcionalidad, la vinculación al objeto del contrato y la libre concurrencia.

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