Blog We TenderTendersRITMOCORE C-16: Licitación basada en valor (40M€)

RITMOCORE C-16: Licitación basada en valor (40M€)

La licitación OBE 26/0915 de Sant Pau, MútuaTerrassa y Althaia tiene un valor estimado de 40,96 millones de euros. Su modelo combina evaluación cualitativa, riesgo económico compartido y remuneración vinculada a resultados.

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha publicado un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para contratar los servicios de apoyo al abordaje integral de pacientes con patologías del ritmo cardíaco que requieren terapias avanzadas basadas en dispositivos.

El expediente OBE 26/0915 corresponde al modelo RITMOCORE C-16, destinado al Servicio Mancomunado de Cardiología de Sant Pau, Hospital Universitari MútuaTerrassa y Fundació Althaia. Su valor estimado asciende a 40.964.637,86 €.

El interés del procedimiento va más allá de su dimensión económica. El pliego articula un modelo de contratación que integra tecnología, servicios asistenciales, coordinación entre centros y mecanismos de remuneración vinculados a la actividad y los resultados.

Es un caso relevante de Compra Pública Basada en Valor (CPBV). En nuestro análisis RITMOCORE C-16: contratación basada en valor examinamos la evolución del modelo y sus implicaciones para la industria sanitaria. En esta entrada nos centramos en los criterios de adjudicación y en las condiciones contractuales que las empresas deben valorar antes de presentar una oferta.

Fecha límite de presentación: 16 de diciembre de 2026, a las 23:59 h.
Plazo para solicitar información adicional: 4 de diciembre de 2026.
Presentación: exclusivamente electrónica, mediante Sobre Digital.

1. Qué se licita

El expediente se estructura en un lote único, sin admisión de variantes. La duración inicial es de 48 meses, con una prórroga prevista de 12 meses.

El valor estimado asciende a 40.964.637,86 €. El cuadro de lotes asigna al lote único un importe de 24.780.744,01 €.

Se tramita como contrato de servicios, con la provisión de dispositivos integrada en la prestación. El contenido mínimo del Plan Operativo contempla:

  • Provisión y logística de dispositivos cardíacos.

  • Servicios clínicos y técnicos de apoyo.

  • Monitorización remota.

  • Plataformas tecnológicas e interoperabilidad.

  • Formación.

  • Coordinación asistencial entre los tres centros.

No estamos, por tanto, ante una compra convencional de dispositivos. El órgano de contratación busca una prestación integrada para varios hospitales, con obligaciones de coordinación, seguimiento y responsabilidad durante toda la ejecución.

2. Criterios de adjudicación: el peso de la calidad frente al precio

La estructura de adjudicación es uno de los elementos más significativos del expediente.

El pliego establece un requisito eliminatorio: las ofertas deben alcanzar un mínimo de 29,5 puntos en los criterios cualitativos de los sobres B1 y B2. Las propuestas que no superen este umbral no pasan a la valoración económica y automática del sobre C.

El precio tiene una ponderación máxima de 6 puntos. Por tanto, la evaluación no se articula alrededor de una competencia centrada principalmente en el importe ofertado.

La documentación identifica, además, aspectos técnicos y asistenciales que orientan la evaluación hacia la evolución del modelo de prestación.

Resumen de los elementos de adjudicación

ElementoCondición o contenido
Umbral cualitativo eliminatorioMínimo de 29,5 puntos en los sobres B1 y B2
Consecuencia de no alcanzar el umbralLa oferta no pasa a la valoración del sobre C
PrecioMáximo de 6 puntos
Desarrollo asistencialEvolución progresiva de los centros en complejidad
EquidadDisminución de la inequidad territorial
InnovaciónFacilidad para incorporar tecnología disruptiva, también de marcas distintas a las propuestas por el licitador
Terapias especialesEl porcentaje ofertado de absorción, con un mínimo del 5 %, forma parte de los criterios de adjudicación

El Plan Operativo incluye contenidos mínimos relacionados con la recogida de PROMs y PREMs, la arquitectura tecnológica, la interoperabilidad y la protección de datos.

Los tres aspectos técnicos destacados en la documentación son especialmente relevantes:

Desarrollo progresivo de los centros en complejidad. Se considera la capacidad de contribuir a la evolución de los centros en el abordaje de procedimientos y necesidades asistenciales de mayor complejidad.

Disminución de la inequidad territorial. La propuesta debe contemplar cómo el modelo puede reducir diferencias entre los centros y facilitar una prestación coordinada.

Incorporación de innovación tecnológica disruptiva. Se valora la facilidad para integrar novedades tecnológicas, incluso cuando procedan de fabricantes distintos a los inicialmente propuestos por el licitador.

Esta última condición tiene una consecuencia competitiva clara: la solución no debe depender necesariamente de un único catálogo tecnológico. La capacidad de integración y adaptación adquiere relevancia contractual.

El PCAP remite las ponderaciones detalladas al cuadro de características. La tabla anterior resume los elementos y umbrales identificados en la documentación analizada, sin atribuir puntuaciones individuales a cada subcriterio.

La oferta económica incorpora compromisos adicionales

El sobre C no se limita a recoger un precio. Incluye los valores ofertados para el modelo de actividad y riesgo compartido:

  • Índice de Absorción de la Actividad (IA).

  • Índice de Absorción de Terapias Especiales (IATE).

  • Índice de compensación por decremento de actividad (IdA).

  • Descuentos aplicables sobre dos tramos de actividad.

Conviene distinguir la puntuación de adjudicación de los mecanismos económicos que regulan la ejecución. El porcentaje ofertado de absorción de terapias especiales forma parte de los criterios de adjudicación. Los índices de actividad y sus descuentos determinan, además, compromisos económicos que deben incorporarse al cálculo de la oferta.

La empresa cuya oferta incurra en presunción de anormalidad dispone de diez días naturales para justificarla.

3. El modelo económico: tarifa capitativa y riesgo de actividad

El contrato establece una tarifa fija anual capitativa que comprende la disponibilidad de dispositivos, los servicios asistenciales, el soporte técnico, la logística, la monitorización remota, las plataformas tecnológicas y los recursos necesarios para ejecutar la prestación.

A esta tarifa se añaden mecanismos de riesgo compartido y una parte variable vinculada a resultados asistenciales y de calidad.

El Anexo 2 regula el Índice de Absorción de la Actividad (IA). Este indicador determina qué porcentaje adicional de actividad se compromete a asumir el adjudicatario sin incrementar el precio del contrato.

Las condiciones mínimas son:

  • IA mínimo: 10 %.

  • IdA máximo: 5 %.

El licitador debe ofertar el valor concreto del IA. En cualquier caso, deberá asumir como mínimo un incremento del 10 % sobre la actividad anual de referencia sin contraprestación adicional.

Cuando la actividad supera los límites de fluctuación previstos, se aplican dos tramos de regulación económica:

TramoUmbral de actividadDescuento mínimo
Tramo 1Entre AdR × (1 + IA) y AdR × (1 + IA) × 1,18 %
Tramo 2Actividad superior a AdR × (1 + IA) × 1,110 %

En el segundo tramo, el descuento se calcula sobre el precio del punto de actividad del primer tramo una vez aplicado su descuento. Los descuentos afectan exclusivamente a la actividad incluida en cada tramo.

La implicación económica es directa. La empresa debe estimar el coste de absorber un incremento de actividad sin remuneración adicional y valorar los descuentos aplicables cuando se superen los umbrales establecidos.

El contrato incorpora también el Índice de Absorción de Terapias Especiales (IATE). Este representa el porcentaje de terapias especiales que el proveedor está dispuesto a financiar.

El índice mínimo es del 5 % y el porcentaje ofertado forma parte de los criterios de adjudicación. El adjudicatario deberá explicar en su Plan Operativo cómo pondrá estas terapias a disposición de la Mesa Técnica de Seguimiento.

Se trata de una obligación económica relevante: la empresa asume parte del coste de prestaciones que pueden quedar fuera de los servicios ordinarios o de los catálogos homologados inicialmente contemplados.

Por último, el precio incorpora un componente variable de hasta el 5 % del importe anual vigente, IVA excluido, vinculado al cumplimiento de indicadores asistenciales y de calidad. El pliego lo configura como parte variable del precio, no como penalidad.

Este porcentaje no debe confundirse con los mecanismos de compensación por fluctuaciones de actividad. Son instrumentos económicos distintos.

4. Cláusulas excepcionales: obligaciones que pueden cambiar la rentabilidad del contrato

Más allá de los criterios de adjudicación, el expediente contiene obligaciones que pueden tener un efecto considerable sobre los costes, la organización y la exposición económica del adjudicatario.

4.1. Red obligatoria de proveedores y responsabilidad integral

El adjudicatario debe constituir una red de proveedores que incluya, como mínimo, dos socios del contrato. Estos participarán en el modelo de riesgo compartido.

También deberá incorporar los proveedores homologados necesarios para garantizar las prestaciones.

Para ello, presentará un Plan Operativo de Incorporación de Proveedores que identifique las prestaciones ejecutadas directamente, las subcontratadas, los terceros participantes, los criterios de selección y los mecanismos de coordinación.

La Mesa Técnica revisará y validará los criterios y procedimientos de selección. También validará la propuesta de proveedores y, cuando corresponda, la elevará al Comité de Dirección.

La singularidad es importante: aunque el adjudicatario debe integrar una red de operadores económicos, mantiene la responsabilidad integral frente al órgano de contratación.

El pliego permite, además, que un operador económico participe como licitador y simultáneamente sea designado como subcontratista de otro licitador, siempre que no existan prácticas colusorias ni alteraciones de la competencia.

4.2. Responsabilidad económica por complicaciones atribuibles a la tecnología

Cuando una complicación sea directamente atribuible al funcionamiento anómalo de un dispositivo o de la tecnología suministrada, el adjudicatario asumirá los costes de tratamiento que le sean imputables.

El pliego contempla, entre otras, estas posibles causas:

  • Defectos de diseño o fabricación.

  • Problemas de instalación o configuración.

  • Deficiencias del software.

  • Problemas de mantenimiento o actualizaciones defectuosas.

  • Instrucciones de utilización deficientes.

  • Fallos del soporte técnico.

Cuando las complicaciones deriven de la evolución clínica o de la patología del paciente, la responsabilidad asistencial corresponderá a los equipos hospitalarios.

Si el origen es incierto o mixto, la Mesa Técnica analizará la clasificación y, cuando proceda, la distribución de responsabilidades y costes.

Esta cláusula amplía la exposición económica del proveedor. No basta con garantizar el suministro y el funcionamiento ordinario de la tecnología. También debe evaluarse el riesgo asociado a los problemas que puedan derivarse de ella.

4.3. Garantía de baterías más allá de la duración contractual

El adjudicatario continuará vinculado al periodo de garantía ofertado para las baterías de los marcapasos implantados incluso después de finalizar el periodo de garantía contractual.

La garantía ofertada deberá superar el mínimo exigido. Su incumplimiento puede generar una indemnización de hasta el 1 % del presupuesto base de licitación, calculada proporcionalmente según los daños y el periodo de garantía restante.

La obligación puede producir responsabilidades económicas posteriores a la finalización del contrato. Por ello, su coste debe incorporarse a la valoración inicial de la oferta.

4.4. Penalizaciones por incumplimiento y transición

El régimen de penalizaciones contempla una sanción de hasta el 10 % del precio de adjudicación cuando se produzca un incumplimiento o una ejecución defectuosa de los servicios.

La cuantía dependerá de la gravedad, los perjuicios ocasionados, la peligrosidad y la reiteración. Los incumplimientos reiterados pueden provocar la resolución contractual.

También se establecen penalizaciones por incumplir los plazos máximos de transición al modelo RITMOCORE C-16. En estos casos se activa el mecanismo de contingencia del Anexo 1 y la penalización se aplica al contrato del centro afectado.

Además, el adjudicatario deberá reembolsar los costes adicionales en que incurra el Servicio Mancomunado de Cardiología para contratar servicios o suministros alternativos mientras persista el incumplimiento.

Las penalizaciones pueden hacerse efectivas mediante descuentos en facturas, abonos posteriores, transferencias, suministro de materiales por importe equivalente o ejecución de la garantía definitiva cuando corresponda.

4.5. Modificaciones contractuales previstas de hasta el 20 %

El contrato contempla modificaciones previstas por un importe acumulado máximo del 20 % del precio inicial, IVA excluido.

Pueden producirse cuando la actividad anual supere los límites de fluctuación establecidos o cuando sea necesario modificar la ubicación de los servicios, total o parcialmente.

Las modificaciones deben respetar el modelo de remuneración contractual y los mecanismos de cálculo del Anexo 2. No pueden establecerse nuevos precios unitarios.

Su tramitación requiere, entre otros elementos, informe técnico-jurídico, notificación y publicación del acuerdo, formalización y un nuevo certificado de existencia de crédito.

4.6. Equipo mínimo especializado y dotación de enfermería

El contrato exige la adscripción de un equipo mínimo especializado:

  • Dos responsables o coordinadores operativos del proceso asistencial.

  • Dos especialistas en monitorización remota de dispositivos cardíacos implantables.

  • Un especialista en integración tecnológica e interoperabilidad con sistemas hospitalarios.

  • Un responsable o coordinador operativo del Centro de Soporte Remoto.

Los profesionales deben acreditar, en los términos previstos para sus funciones, un mínimo de cuatro años de experiencia. La oferta debe identificarlos nominalmente, describir sus funciones y dedicación, y aportar sus currículos y documentación acreditativa.

Las sustituciones requieren autorización previa y los profesionales sustitutos deben disponer de cualificación y experiencia iguales o superiores.

Además, se exige una dotación mínima de enfermería:

CentroEnfermeras exigidas
Hospital de Sant Pau2
Hospital Universitari MútuaTerrassa1
Fundació Althaia1
Total4

Esta dotación es adicional al personal clínico y técnico exigido para los procedimientos de implantación.

4.7. Protección de datos y restricciones sobre inteligencia artificial

El adjudicatario tendrá la condición de encargado del tratamiento respecto de los datos personales tratados por cuenta de los hospitales.

El pliego establece restricciones sobre el uso de esos datos. No podrán utilizarse para finalidades comerciales o publicitarias, incorporarse a bases propias para fines distintos de los contractuales ni cederse a terceros sin autorización o base jurídica.

También se prohíbe reutilizar los datos para desarrollar, entrenar, reentrenar, ajustar, validar o mejorar modelos de inteligencia artificial o aprendizaje automático, salvo previsión contractual expresa y cumplimiento de las garantías jurídicas aplicables.

El licitador deberá identificar los países desde los que se accederá a los datos, los proveedores cloud, los subencargados y las transferencias internacionales previstas. Se establece preferencia por el alojamiento y tratamiento dentro del Espacio Económico Europeo.

Los sistemas ofertados deben permitir importar y conservar el 100 % de la información clínica y de los informes existentes que determinen los centros.

Estas obligaciones tienen la consideración de condiciones esenciales de ejecución.

4.8. Condiciones laborales, lingüísticas y de transparencia

El adjudicatario debe cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales aplicables, incluidas las condiciones salariales del convenio colectivo sectorial.

Los retrasos reiterados en el pago de salarios y la aplicación grave y dolosa de condiciones salariales inferiores a las convencionales pueden dar lugar a penalizaciones. Determinados incumplimientos laborales también pueden constituir causa de resolución.

El pliego exige medidas de igualdad y no discriminación. También establece obligaciones lingüísticas específicas: el catalán debe utilizarse en las relaciones contractuales, comunicaciones generales, publicaciones, señalización, entrega de trabajos y documentación técnica. El personal que se relacione con el público debe disponer de conocimientos suficientes de la lengua.

En materia de transparencia, el contratista debe facilitar la información necesaria para que la entidad contratante cumpla sus obligaciones, con carácter general en el plazo máximo de un mes desde la solicitud, salvo imposibilidad material acreditada.

4.9. Subcontratación, pagos y garantías

La subcontratación está permitida, pero sujeta a las obligaciones de comunicación y acreditación del pliego y del artículo 215 de la LCSP.

Su incumplimiento puede dar lugar a una penalización de hasta el 50 % del importe del subcontrato afectado y, cuando concurran los requisitos legales, a la resolución contractual.

La entidad contratante podrá verificar los pagos a subcontratistas y suministradores. Esta comprobación será obligatoria cuando el contrato supere los cinco millones de euros y la subcontratación alcance al menos el 30 % del precio contractual.

Cuando se ejecuten penalizaciones o indemnizaciones con cargo a la garantía definitiva, el adjudicatario deberá reponerla o ampliarla en el plazo de 15 días. El incumplimiento puede provocar la resolución del contrato.

Respecto a la subrogación laboral, la memoria justificativa recoge la opción «No» marcada. Por tanto, las obligaciones generales del pliego en esta materia no deben interpretarse como confirmación de que exista personal que deba subrogarse en esta licitación.

5. Detección y seguimiento del expediente: por qué el objeto no cuenta toda la historia

El expediente tiene asignados nueve códigos CPV. Cuatro corresponden a dispositivos y equipos:

  • 33182000: aparatos de apoyo cardíaco.

  • 33182100: desfibrilador.

  • 33182210: marcapasos.

  • 33195000: sistemas de monitorización de pacientes.

Los otros cinco cubren servicios de salud y cardiología (85100000 y 85121231), software médico y servicios de tecnologías de la información (48180000 y 72000000), y formación sanitaria (80561000).

Sin embargo, el objeto del contrato no menciona expresamente ningún tipo de dispositivo. Los marcapasos y desfibriladores aparecen en los códigos CPV, no en la denominación del expediente.

Al tramitarse como contrato de servicios, puede quedar fuera de una búsqueda limitada a contratos de suministro.

WeTender clasifica las oportunidades por el alcance de la prestación, no únicamente por el tipo de contrato o por la literalidad de su objeto. Esta distinción permite identificar expedientes cuyo contenido tecnológico o sanitario no resulta evidente en una búsqueda convencional.

6. Qué deben valorar las empresas antes de concurrir

RITMOCORE C-16 exige analizar la licitación desde una perspectiva más amplia que la habitual.

La preparación de la oferta debe considerar, al menos, cinco dimensiones:

  1. Capacidad asistencial y tecnológica. La empresa debe demostrar que puede integrar dispositivos, servicios, monitorización y sistemas hospitalarios, además de facilitar la evolución tecnológica del modelo.

  2. Estructura de colaboración. Debe identificar socios y proveedores, definir sus responsabilidades y mantener la responsabilidad integral frente al órgano de contratación.

  3. Riesgo económico. Es necesario simular el impacto del incremento mínimo de actividad, los descuentos por tramos y la absorción de terapias especiales.

  4. Responsabilidad durante la ejecución. Deben cuantificarse las obligaciones relacionadas con complicaciones tecnológicas, garantías, penalizaciones y posibles modificaciones.

  5. Capacidad organizativa y cumplimiento. El equipo adscrito, la protección de datos, las condiciones laborales y las obligaciones lingüísticas forman parte de la viabilidad real de la prestación.

El umbral cualitativo eliminatorio y el peso reducido del precio refuerzan una idea: la empresa no puede limitar su estrategia a presentar una oferta económica competitiva. Debe acreditar que dispone de las capacidades necesarias para sostener el modelo durante toda su duración.

La decisión de concurrir exige, por tanto, entender tanto los criterios de adjudicación como las obligaciones que determinarán la rentabilidad efectiva del contrato.

7. Analizar el pliego es el primer paso

RITMOCORE C-16 muestra cómo está evolucionando la contratación pública sanitaria. El objeto ya no se limita a adquirir dispositivos. El contrato organiza una prestación integrada, establece mecanismos de riesgo compartido y vincula parte de la remuneración a indicadores asistenciales y de calidad.

Para las empresas proveedoras, el cambio exige revisar cómo analizan las oportunidades, cómo construyen sus ofertas y cómo calculan los riesgos de ejecución.

Una licitación debe evaluarse por lo que permite adjudicar, pero también por las obligaciones que incorpora durante los años siguientes.

Este análisis ha sido elaborado con WeTender IA, que extrae, estructura y resume automáticamente la información clave de los pliegos de licitación.

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