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RITMOCORE C-16: contratación sanitaria basada en valor

La Compra Pública Basada en Valor afecta a tres decisiones de un contrato sanitario: qué se define como objeto, cómo se remunera al proveedor y cómo se evalúa lo conseguido. El expediente RITMOCORE C-16 aborda las tres en un mismo pliego, y por eso sirve para entender cómo se aplica la contratación sanitaria basada en valor en un contrato real.

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau publicó el expediente OBE 26/0915 el 16 de noviembre de 2026 para el Servicio Mancomunado de Cardiología C-16, que comparten el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Hospital Universitari Mútua Terrassa y Althaia. El objeto son los servicios de apoyo para el abordaje integral de pacientes con patologías del ritmo cardíaco que requieren terapias avanzadas basadas en dispositivos, como marcapasos y desfibriladores.

1. De adquirir dispositivos a contratar soluciones asistenciales

En un suministro convencional, el contrato gira en torno al producto: unidades, precio y entrega. RITMOCORE C-16 se tramita como contrato de servicios, y su Anexo 2 lo deja claro: el contrato «no tiene por finalidad exclusiva la provisión de recursos, dispositivos o soluciones tecnológicas», sino el despliegue de un modelo asistencial.

El adjudicatario debe aportar dispositivos cardíacos, servicios clínicos y de soporte, monitorización remota, un Centro de Soporte Remoto, logística, plataformas tecnológicas, apoyo a la enfermería especializada, formación y análisis de datos.

El cambio también se ve en cómo se cuenta la actividad. La actividad de referencia se mide en puntos e incluye, junto a implantes y recambios, el seguimiento de los pacientes y su activación mediante formación y aplicaciones.

El proveedor como colaborador estratégico

El pliego pide al contratista «un papel activo que vaya más allá de la provisión de dispositivos, tecnología o servicios de soporte» y lo define como «colaborador estratégico en la ejecución del contrato». Comparte la responsabilidad de alcanzar los objetivos asistenciales, organizativos y de calidad; la responsabilidad clínica y asistencial sigue correspondiendo a los profesionales y a los centros.

Además, actúa como integrador de una red de proveedores con al menos dos socios que participan en el riesgo compartido. La compensación de cada socio debe ligarse a los resultados sobre los que haya tenido capacidad efectiva de influencia.

2. Un modelo económico con riesgo compartido y resultados

El Anexo 2 describe un «modelo de pago capitativo orientado a valor» con tres componentes complementarios.

Tarifa fija anual

Es capitativa, asociada a la población de referencia, y se calcula sobre una actividad de referencia (AdR) que representa el 100 % de la actividad prevista en cada anualidad.

Riesgo compartido

Opera en dos planos. En la actividad, el licitador oferta un índice de absorción (IA), es decir, la actividad adicional que asume sin contraprestación, con un mínimo del 10 %, y un índice de compensación por decremento (IdA), con un máximo del 5 %. Fuera de esos márgenes se aplica regulación económica; por encima, en dos tramos con descuentos mínimos del 8 % y del 10 %. El mecanismo se aplica sobre la actividad global y no por terapia, para no condicionar las decisiones clínicas.

En las complicaciones, el contratista asume los costes de las atribuibles al funcionamiento anómalo del dispositivo o de la tecnología. Las de origen incierto o mixto las analiza la Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato. En el modelo clásico, recuerda el pliego, esa carga recae en el hospital.

Pago por resultados: hasta el 5 %

Como máximo, el 5 % del importe anual vigente del contrato, IVA excluido, se abona según un Índice Global de Valor Aportado (Value-Based Index, VBI). Es una parte variable del precio, no una penalidad ni una remuneración adicional.

Cada indicador pesa según su relevancia (de 1 a 5) multiplicada por la capacidad real del proveedor de influir en él (de 1 a 3). Si no alcanza el 80 % de su objetivo, computa cero; por encima del 120 %, no suma más.

Cómo encajan las tres piezas

La tarifa da estabilidad, el riesgo compartido reparte la incertidumbre de la demanda y el pago por resultados liga una parte del precio a la calidad. El pliego lo resume como un pago «parcialmente vinculado a los resultados en salud».

Ese 5 % no mide todo el alcance del modelo: como señala el Análisis CPBV de Acobur, la tarifa y el riesgo compartido también responden a una lógica de valor. Tampoco hay que confundir estos mecanismos de ejecución con la adjudicación. El IA, el IdA y los descuentos forman parte de la oferta económica, pero la ponderación de los criterios de adjudicación remite a un cuadro de características que no figura en la documentación analizada, igual que los pesos de cada indicador y pilar.

3. Tres hospitales y una organización asistencial compartida

El Servicio Mancomunado busca «una atención homogénea, equitativa y de calidad para toda la población de referencia, independientemente del centro en el que sea atendido el paciente».

El contrato acompaña esa idea: un único adjudicatario, sin lotes, con una sola actividad de referencia y una sola tarifa fija anual. La actividad de cada centro debe poder trazarse y la facturación se diferencia en tres contratos, sin que eso suponga, según el pliego, «la fragmentación funcional del servicio».

Los tres hospitales no parten del mismo punto. En la actividad de referencia, las terapias de alto voltaje se concentran en Sant Pau y las de bradicardia se reparten entre los tres centros. El primer año se adapta a la situación de cada hospital: Sant Pau fija sus valores de referencia con los resultados de su modelo actual, mientras que Mútua Terrassa y Althaia recogerán datos para establecer los valores basales de los indicadores sin histórico suficiente.

La memoria técnica valorará, además, el desarrollo progresivo de los centros y la reducción de la inequidad territorial, sin puntuación indicada en la documentación.

4. La medición del valor durante la ejecución

El Cuadro de mando del Servicio Mancomunado de Cardiología es el instrumento común de seguimiento y apoyo a la decisión. Lo desarrolla el contratista en su Plan Operativo. Debe ofrecer una vista por centro y otra consolidada, proyectar la actividad a cierre de ejercicio frente a los márgenes de fluctuación y permitir el análisis con perspectiva de género.

El pliego mide cuatro cosas distintas:

  • Actividad. Los puntos de la actividad de referencia, que activan el riesgo compartido.
  • Calidad del proceso. 18 indicadores en cuatro pilares: innovación y personalización del tratamiento, monitorización y seguimiento remoto, empoderamiento del paciente y trabajo en red. Por ejemplo, al menos el 80 % de las indicaciones conforme a las guías clínicas.
  • Resultados asistenciales. Como la infección del dispositivo a 90 días (objetivo: ≤ 2 %), las complicaciones graves a 90 días (≤ 5 %) y la recogida de PROMs y PREMs.
  • Cumplimiento contractual. Objetivos, compromisos y desviaciones.

Son objetivos de la tabla de indicadores, no resultados: el contrato todavía está en licitación.

Quién mide y quién decide

La Mesa Técnica de Seguimiento del Contrato, con representación del adjudicatario, trabaja en dos niveles: en su vertiente operativa sigue la actividad de cada centro y en la táctica analiza el conjunto y revisa cada trimestre la actividad acumulada. También clasifica las complicaciones de origen incierto y define cada año los valores de referencia de los indicadores. El Comité de Dirección aprueba esos valores, los resultados anuales y las decisiones estratégicas.

5. Qué puede aprender el sector de este expediente

Los resultados se definen al diseñar el contrato. El Anexo 2 publica indicadores, fórmulas, objetivos por anualidad y el cálculo del pago. Un licitador puede estimar su riesgo antes de ofertar, y esa es la condición para que el pago por resultados sea gestionable.

Los indicadores tienen que poder verificarse. Cada uno tiene fórmula de cálculo, fecha de inicio de la recogida de datos y objetivo por año. Si falta histórico, se prevé un año para fijar la línea de base.

El proveedor necesita capacidades de servicio. Monitorización remota, gestión de datos, coordinación con tres hospitales y una red de socios que comparten riesgo. Competir así exige una estrategia de contratación pública sanitaria que va más allá del catálogo.

Remuneración, responsabilidad y objetivos deben ir alineados. Ponderar los indicadores por la influencia real del proveedor evita que el pago dependa de resultados que este no controla.

La gobernanza decide durante la ejecución. Los valores de referencia, las desviaciones de actividad y las complicaciones dudosas se resuelven en la Mesa Técnica y en el Comité de Dirección. Buena parte del contrato se concreta ahí, año a año.

Conclusión

Con la documentación disponible no puede saberse cuánto pesa el valor en la adjudicación de RITMOCORE C-16. Lo que el pliego sí detalla es la ejecución: qué servicio se presta, cómo se paga, quién asume cada riesgo y quién mide y decide. Esa es su principal aportación a la Compra Pública Basada en Valor.

Para los proveedores, supone calcular riesgos de actividad, comprometerse con indicadores y sostener una relación de seguimiento durante cuatro anualidades. Para los hospitales, exige una gobernanza capaz de medir y de decidir con datos. En este expediente, la CPBV transforma la relación entre hospitales y proveedores durante toda la vida del contrato.

El análisis completo del expediente está disponible en este enlace. En análisis de oportunidades publicamos a diario las licitaciones sanitarias que conviene seguir.

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